Luz y Almendra llevan 10 años juntas. Se casaron hace 5 años en Argentina y tienen un pequeño hijo de apenas un año. Juntas, van levantando su casa en el terreno que compraron hace 6 años en el distrito de San Juan Bautista y en el que han instalado su hogar, pensando en el bienestar de ambas y el futuro de su hijo. Sin embargo, desde el 2021 han tenido que enfrentar el odio y la intolerancia.
Al costado de su casa, su vecino Jesús Alexander Palacios Rodríguez, quien administra el bar ubicado en casa de sus padres, comenzó a acosarlas, hostigarlas y referirse a ellas con expresiones lesbofóbicas. Esta conducta se extendió a sus familiares, amigos y clientes que también empezaron a burlarse de la pareja. Viviendo al costado, ellas podían ser testigos de todo e incluso lograron grabar videos y audios de esas conversaciones, pero poco a nada ha cambiado aún cuando han efectuado diversas denuncias que se han quedado en el largo, lento, machista y prejuicioso camino de la justicia.
“Vivimos desde el 2021, situaciones de hostigamiento, acoso y homofobia. Nos han agredido verbal y físicamente el vecino del costado, su padre y terceras personas que vienen a beber al bar del costado. Nos preocupa la inacción de las autoridades”, señala Luz.
“Yo he recibo amenazas de muerte por una tercera persona que estaba tomando cerveza, que irrumpe en mi vivienda con el pretexto de usar el baño. Yo le digo: vaya allá pídale al bar. Me responde: por qué tú jodes a mi compadre. Y esa misma persona se paseaba mostrando sus tatuajes. Dice: te voy a matar, te voy a meter plomo. Yo había grabado pero el video no pude presentarlo como prueba porque mi celular se cayó al río en un viaje de trabajo”, precisa Luz.
“NOS SENTIMOS INSEGURAS”
La familia vive en permanente situación de miedo y ansiedad. Los ataques se incrementaron además cuando Almendra todavía llevaba el embarazo y aún ahora después de un año y medio, siguen soportando la violencia.
“Yo todo este tiempo me he sentido muy insegura de estar en mi casa. De llegar al punto de no poder con la ansiedad. Cuando estuve embarazada, sentía miedo de salir de la casa, incluso a botar la basura porque esas personas venían a intimidar a mi esposa. Ella se exponía porque me hacía pasar para que no me pase nada ni al bebe. Ellos nos insultaban, nos escupían… No sé qué quieren las autoridades ¿Qué nos golpeen? ¿qué nos maten cuando salimos?”, dice Almendra.
Los insultos y ataques del vecino y de terceros se incrementaron luego de que ellas se quejaran de la bulla por el alto volumen de la música en el bar que se encuentra en plena calle. Esta queja y que llamaran al Serenazgo desencadenó mayor violencia hacia ellas.
Y no es que no tuvieran razón de la bulla. El 27 de diciembre de 2022, dos días después de Navidad, la propia Municipalidad del distrito de San Juan Bautista, donde viven, comprobó que el volumen del local era muy alto y no le dio la certificación de sonido acústico.
La queja, según la pareja, fue solo una excusa para seguir atacándolas por ser dos mujeres lesbianas.
Lo que Luz y Almendra viven reflejan de manera muy clara las fallas en el sistema de justicia sobre todo cuando las víctimas son mujeres lesbianas, personas de la diversidad sexual a quienes no se toma interés en situaciones donde sus vidas están expuestas al peligro.
“Cuando llamamos a la policía o una autoridad, el vecino y su familia dicen que todo está en mi mente, que soy mitómana. Las autoridades tienen mucho cuidado con lo que ellos dicen, pero a nosotras nos cuestionan, nos piden videos, como si fuera fácil grabar situaciones que son fortuitas, espontáneas, porque sus agresiones suceden en cualquier momento”, señala Luz, quien cuenta que en la comisaría 9 de octubre cuando denunció un acto de agresión le dijeron: “Si vuelve a pasar, vienes”.
En otra oportunidad, Serenazgo intervino cuando el vecino y otras personas las amenazaron. “Solo le dieron que tome tranquilo, y se fueron”.
UNA FAMILIA DESPROTEGIDA
En el barrio nadie se mete y es que -según el testimonio de la pareja- el vecino denunciado y sus familiares se encargan de hablar mal de ellas en todo el vecindario. “Ellos influyen a que otras personas se comporten de forma agresiva hacia nosotras”, dice Luz.
Esta situación mantiene en mayor alerta al matrimonio, mas aún cuando deben proteger a su hijo que a pesar de tener un año, ya ha presenciado actos de odio como insultos y amenazas a sus madres. El último fue el Día de la Madre.
“Nosotras hacemos nuestra vida en casa, el Día de la Madre nos han insultado delante de mi hijo. Que decían “Marimacha”, “hombrecito te crees”. Él quizá porque es chiquito no entiende, porque acá él entiende lo que le hablamos con amor, pero ellos de forma agresiva nos hablan. Él de nosotras va a saber, le explicaremos cuando vaya entendiendo, pero así… hasta las manos, el cuerpo me tiembla algunas veces”, cuenta Luz.
Almendra muestra su indignación sin poder contener las lágrimas. “Siento que la justicia no ha llegado a nuestro caso porque lo del Día de la Madre, ya delante de mi hijo… Creo que lo que estamos viviendo es algo que ninguna familia tiene que pasar. Todas las familias son importantes y merecen tranquilidad. Mi hijo no puede estar expuesto a ver a sus mamás insultadas. Las autoridades tienen que entender que tenemos derecho a la tranquilidad y queremos un castigo ejemplar para estas personas. Acá normalizan la violencia a mujeres lesbianas. Que si eres lesbiana te tienes que aguantar. Nosotras no queremos un futuro hostil, estamos viendo el futuro de nuestro hijo y seguimos con ansiedad de no vivir en un hogar tranquilo”.
EL INÚTIL PAPELEO DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Ni la comisaría, ni la Prefectura, ni la Fiscalía, ni la municipalidad, han podido hacer que las amenazas cesen. Desde el año 2022, en que realizaron la primera denuncia nada ha cambiado.
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos ha dispuesto que se oficie a la Prefectura Regional de Loreto que se remita cuál es la situación actual de la solicitud de garantías contra Luz. Y se ha programado una declaración de Almendra. Esto le ha sido notificado a la pareja el 15 de mayo de este año, cuando la solicitud de garantías se solicitó en 2022. Es decir, recién dos años después. Y aún sin otorgarse la protección.
No ha sido la única gestión que el matrimonio hizo ante las autoridades. En noviembre del 2022, después de otra amenaza contra Luz por parte del vecino Jesús Palacios Rodríguez, la Subprefectura de la Provincia de San Juan Bautista intervino. Como el denunciado negó los cargos de amenazas a la pareja, la institución intentó prevenir más ataques con un acta de compromiso de garantías personales que el vecino lesbofóbico firmó comprometiéndose a “cesar todo acto de violencia, amenazas, hostigamiento o cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica”, así como “a la convivencia pacífica…”.
Mientras las autoridades actúan de manera burocrática y se ahogan en papeleos formales, las agresiones han llegado a lo físico. En una oportunidad, Luz reclamó al señor César (padre del denunciado) por una moto, propiedad de clientes del bar, que había sido estacionada en la puerta de su casa, obstaculizando el paso.
“El papá del vecino vino a insultarme y una mujer que estaba en el bar con el vecino, que llevaba colgado un carné que decía ser de la oficina de Imagen de la municipalidad, vino y me metió un puñete en el pómulo”.
El 23 mayo de 2023, ante la Comisaría 9 de octubre, en Iquitos, Luz volvió a denunciar a Jesús Palacios Rodríguez. El 22 de mayo al promediar las 5 y 30 de la tarde, el hijo de su vecino, en compañía de tres personas, se acercó de manera intimidante a Luz, quien se encontraba lavando su moto. Todos habían estado bebiendo alcohol en el bar al costado de la casa, y comenzaron a insultarla y grabarla con el celular. “Eres una malcriada” “Pide las garantías que quieras”, “Eres una conchuda”, “Me estoy acercando ¿no?”, “Aquí estoy”, le decía uno. Otro le mentó la madre, y así continuó el hostigamiento hasta que llamó a la policía y fue a poner la denuncia.
En la Comisaría no quisieron registrarla como acoso, pero ante la insistencia y la presencia de su abogado, la consignaron como violencia hacia la mujer y le agregaron en la modalidad de acoso y violencia psicológica.
La indómita pudo comprobar que en la Comisaría 9 de octubre el caso no es desconocido para los policías por la recurrencia en que la pareja de madres lesbianas ha pedido su intervención ante los ataques de los vecinos. Incluso al consultarles, se refieren al ‘caso de lesbianismo’, o el caso ‘de lesbianas’ y que reciben violencia de los vecinos. Pero, aún así, la protección para ellas es nula.
Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), visitó a Luz y Almendra en los últimos días:
“La CNDDHH ha escuchado directamente a Luz y Almendra. Es aterrador el incumplimiento de la debida diligencia para atenderlas, protegerlas, investigar, sancionar y prevenir de parte de los y las operadores de justicia, operadores de salud, de la prefectura y municipalidad, porque la vida de la pareja de mujeres lesbianas y su pequeño hijo está en peligro y a la fecha la desprotección, la falta de prevención y la impunidad evidencian el contexto de discriminación y odio en Iquitos y el país”.
“Esta situación que viven Luz y Almendra ha padecido la desatención, desprotección y la falta de interés de las autoridades competentes, pues son varios años en que ellas han intentado denunciar esta situación que causa zozobra, ansiedad, desmedro de su salud mental y las expone a daño físico y mental y peligro de muerte, situación que afecta directamente los derechos contenidos en nuestra Constitución Política del Perú, tales como el derecho a identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar, a elegir su lugar de residencia, su derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”, explica la abogada feminista y directora de DEMUS, Cynthia Silva.
Añade que «se están vulnerando los principios rectores de igualdad y no discriminación y el derecho fundamental de acceso a la justicia para la población LGTBQI+, sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres lesbianas y las familias que ellas conforman son especialmente vulnerables a agresiones y discriminación en tanto salen del modelo binario impuesto en nuestra sociedad”.
Gissy Cedamanos de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), alerta del peligro de muerte y daños irreparables en el que se encuentra la pareja de lesbianas y su hijo, y hace un llamado a las organizaciones LGBTIQNB+ locales para sumar al acuerpamiento, incidencia y exigibilidad al Estado.
«Sabemos que las garantías y las medidas de protección en el Perú son letra muerta. Prueba de ello es que los ataques no han cesado. Ellas y su pequeña hijo requieren de los movimientos sociales diversos para evitar represalias frente a su denuncia pública y protección y justicia efectivas, de lo contrario este gobierno tendrá que responder ante la justicia internacional».
La situación de estrés y violencia que viven Luz, Almendra y su hijo exige una actuación inmediata que supere las barreras burocráticas, pero sobre todo las de una justicia que no actúa de manera preventiva ante los peligros que viven las personas y familias LGTBIQ+.