Para acceder a un tratamiento hormonal o el cambio legal de nombre, las personas trans requieren un diagnóstico firmado por un médico. Una aseguradora habría negado la atención a una persona transgénero señalando que el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud -PEAS no estaba actualizado porque tenía que incorporarse la clasificación de enfermedades (CIE 10), debido a que ya en 2024 se está procesado la CIE 11. Está clasificación es una lista de enfermedades que pueden acceder a aseguramiento en salud. Y para remediar esto, el Ministerio de Salud publicó un Decreto Supremo. Pero, dejo un mal mayor.
El último viernes 10 de mayo, el Ministerio de Salud aprobó el Decreto Supremo 023-2021-SA que modifica la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud -PEAS, firmado por el ministro de Salud, César Vásquez, y la propia Dina Boluarte, sí el mismo régimen investigado por genocidio y que se queda mudo y avala el avance de los movimientos antiderechos. ¿Qué realidad está visibilizando este decreto?
Uno, con el decreto supremo, el Minsa evidencia que el acceso a un servicio de salud, procedimiento y tratamiento, requiere que se siga considerando y aceptando en la práctica que la transexualidad, transgeneridad, travestismo, sean catalogados como “trastornos mentales”, “problemas de salud mental”, a pesar que desde 1990 la Organización Mundial de la Saluda eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y en 2018 se hizo lo mismo con la transexualidad y transgeneridad.
Dos, este nuevo plan de aseguramiento revela que para que una persona acceda a un servicio de salud debe estar patologizado, lo que quiere decir que aún seguimos viviendo en un país al margen de los derechos humanos. Si la homosexualidad, la transexualidad y transgeneridad ya no son consideradas enfermedades mentales en el mundo, no se les tendría que pedir a las personas ningún documento que acredite que está ‘enfermo/a/e’.
Y esa tarea de modificar los trámites, esa chamba de ir contra la burocracia históricamente discriminatoria homolesbobitransfóbica, es tarea del Ministerio de Salud y los Estados en general. Para que algunas personas puedan acceder a un servicio de salud, no se puede parchar pedazos de las normas. Urge un cambio de la ley de Salud en general actualizándose con los tratados de derechos humanos que no son puro papel, sino vinculantes al Perú.
Tres, continuar con documentos oficiales que patologizan a las personas trans, solo puede tener como consecuencia la validación de los discursos de odio y antiderechos que consideran que ‘como la gente está enferma’, necesita ser curada. Y así justifican la existencia de terapias de conversión, a pesar de que organismos de derechos humanos las consideran como “tortura”.
Y en el Perú, este discurso de ‘curar’ a gays, lesbianas, trans, es aún promovido por políticos y representantes de iglesias. Las clínicas de conversión permanecen bajo fachadas y estas acciones se hacen de manera clandestina. La criminalización y patologización hacia las personas LGTBIQ+ existe.
Cuando el Minsa incorpora 7 diagnósticos en este plan de aseguramiento, pone en evidencia una política de miedo y patologización sobre las personas de la diversidad sexual. A la letra dice:
“…incorporando siete (07) diagnósticos CIE-10 consignados en el capítulo V, Trastornos mentales y del comportamiento, de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud; Que, en virtud al numeral 18 del inciso 28.1”.
A raíz de las críticas el Minsa sacó un comunicado que aclara que no se considera enfermedad la transgeneridad, pero en las acciones sí discrimina. Es necesario que las autoridades del Ministerio de Salud tomen la iniciativa en dialogar con la comunidad LGTBIQ+, con las personas trans, para saber de primera mano qué es lo que están viviendo y qué es lo que requieren para acceder a servicios de salud, para no ser discriminados, para no ser revictimizados, para no ser violentados.
Otra cosa seguro sería que se hubiera aprobado la Ley de Identidad de Género en el Perú, que ayudaría a que el Estado entienda las necesidades y desafíos en materia de salud, educación, trabajo y otros derechos que como ciudadanxs también tienen las personas de la diversidad sexual, pero el avance del autoritarismo, neofascismo y antiderechos no lo permite.
Si varias voces ya están exigiéndole al Ministerio de Salud revisar y/o derogar el Decreto Supremo que les hiere profundamente, les patologiza, les vuelve ‘enfermos’ para la sociedad que no es empática, ni cuidadosa, sino que lastima, violenta y mata lo diferente, lo diverso; le toca atender sus demandas. Háganlo como si fuera una emergencia, pero que esta vez sea rápida y humanizada, no como las de cada día en las salas de hospital.