Congresista Alejandro Muñante contra implementar Oficial de la Igualdad en entidades públicas

por | Ene 9, 2024 | Observatorio del odio

El legislador antiderechos por Renovación Popular Alejandro Muñante rechazó el Decreto Supremo N° 013-2023-MIMP que dispone la “implementación de un Oficial de la Igualdad en las entidades públicas”, que tiene como misión ver que las instituciones del Estado prediquen con el ejemplo y se haga realidad la política de enfoque de género.

Esta estrategia es parte de la política de igualdad y del seguimiento al Decreto Supremo N° 010-2022 del Ministerio de la Mujer que dispone la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la Administración Pública.

Al legislador antiderechos le parece que el enfoque de género es una “ideología” y no tiene reparos en admitir, según lo escrito en una columna de opinión para un diario conservador que “ambas disposiciones no son sino la punta del iceberg de una política totalitaria que vulnera la libertad de creencias, pues no todos los peruanos creemos en el relato generalizado de la mujer como víctima de discriminación histórica, y el hombre como macho maltratador por naturaleza”.

Lo que el congresista pretende obviar es que de los 122 feminicidios reportados hasta el 30 de setiembre de 2023, 74 fueron cometidos por la pareja y 21 por la expareja. Eso solo para señalar una cifra que además es la cifra oficial, pero se sabe que la realidad de feminicidios puede ser mayor por todos aquellos casos que no se reportan o quedan como mujeres desaparecidas.

Según Muñante hay una “absoluta sumisión del Estado al lobby progresista internacional”. Sin embargo, es justo su partido con otros aliados políticos los que han archivado, omitido y votado por la eliminación de proyectos y leyes en favor de niñas y mujeres adultas. Y que pretenden convertir al Ministerio de la Mujer en el Ministerio de la Familia que sería una imposición de corte religioso a pesar de que el Perú es un estado laico que separa la religión de las políticas públicas.