El 9 de febrero, a través de una mesa de trabajo organizada por la congresista de Renovación Popular Milagros Aguayo, se inició la búsqueda de fórmulas legislativas para impulsar una agenda conservadora antiderechos.
Lo llaman “defensa de la vida”, pero básicamente se refieren a continuar obstaculizando cualquier iniciativa o derecho ya existente que se relaciones con el aborto. En el Perú, como se sabe, el aborto terapéutico es legal desde 1924. En julio se cumplen 100 años de este derecho que ha salvado la vida de niñas y mujeres con riesgo de muerte y cuando peligra su salud mental.
En la reciente mesa de trabajo, que la nota de prensa del Parlamento titula: “En mesa de trabajo analizan propuestas legislativas en defensa de la vida”, participaron Jorge Valencia Corominas, integrante del equipo de asesores de la presidencia del Poder Judicial; José Anderson, representante del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro; María José Corzo, representante del Instituto de Investigación de la Población (PRI); Carol Maraví, secretaria ejecutiva de la Conferencia Episcopal Peruana; así como la excongresista Tamar Arimborgo Guerra.
En la reunión, Aguayo comentó que “en los últimos 5 años se han producido, en el interior del país, 37 abortos terapéuticos y 500 en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. Esta situación preocupa y por ello los hemos invitado para escuchar propuestas de iniciativas legislativas que nos permitan seguir luchando por la vida y el cuidado de la familia”, sostuvo la legisladora según consta en la nota de prensa.
A la congresista evangélica y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia le preocupa que se realicen abortos terapéuticos pese a ser legales en el Perú y aplicarse en casos de riesgo para la vida de las mujeres, perono señaló ela causa de por qué se ralizan los abortos terapéuticos en y más de un caso que ha sido altamente mediático.
Las cifras apuntas a que 9 de cada 10 menores de edad que sufre violación sexual son mujeres, como ha reportado el Ministerio de la Mujer en 2023. Solo en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) se registró el año pasado más de 45 mil casos de violencia sexual a niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, durante los últimos tres años. Y si hablamos solo del 2023 se registraron 20 mil 377 casos.
El aborto terapéutico se practica luego de una evaluación médica y se brinda en casos en que hay peligro para la salud física y mental de la mujer. Y Las niñas y adolescentes entre 10 y 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (Dato SIS, 2016).
Lobby antiderechos
Pero, sigamos revisando qué otros personajes participaron de esta mesa de trabajo organizada como parte de la Semanda de Representación de la parlamentaria Aguayo. Varios de los asistentes pertenecen a organizaciones con antecedentes de haber accionado en contra del aborto, derechos LGTBIQ y otros. Llamó la atención la presencia de Jorge Valencia Corominas, abogado especializado en temas de niñez y familia como lo dice su perfil laboral, quien actualmente es integrante del equipo de asesores de la presidencia del Poder Judicial.
Abogado Jorge Valencia en la mesa de trabajo organizada por Aguayo.
Entre los participantes estuvo Giuliana Caccia de la Asociación Origen, vinculada al Sodalicio, ha tenido diversas expresiones públicas contra el enfoque de género en la educación, así como al aborto.
José Anderson del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro y exvocero del colectivo Padres en Acción que interpuso un recurso de nulidad contra el fallo judicial a favor del enfoque de género y que le fue negado.
Esa organización presentó en el 2019 una denuncia exigiendo que se anule la inscripción registral de la organización Católicas por el Derecho a Decidir -Perú, por considerar que usaban indebidamente el término «católicas». Cabe precisar que la organización de mujeres católicas está a favor del derecho al aborto y reconoce la educación sexual. La denuncia de Tomás Moro no procedió.
Cabeseñalar que Anderson fue candidato al Congreso por el partido Contigo en el 2020.
Pero, hablemos más de la organización a la que representa. En 2019, el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro presentó una demanda de acción popular para que se declare «inconstitucional» la resolución del Ministerio de Salud que dio origen al Protocolo de Aborto Terapéutico (PAT). Nuevamente, este grupo antiderechos no logró su cometido. Su demanda fue declarada infundada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.
En la mesa de trabajo estuvo María José Corzo, coordinadora parlamentaria del Instituto de Investigación de la Población (Population Research Institute -PRI), que dirige Carlos Polo, personaje a quien su expareja denunció públicamente de negar a su hijo porque es gay pese a proclamarse defensor de la “vida y la familia”.
Hace unas semanas, Corzo, bachiller en Derecho, escribió un artículo contra el proyecto de ley que permitiría a las obstetras participar de los planes de educación sexual integral. Ella escribió: “Un nuevo ataque al derecho de los padres a educar sus hijos se prepara desde el Congreso, y es que en unos días se votará el Proyecto de Ley No. 989/2021-CR presentado por el Congresista Alex Paredes, el cual pretende incorporar a las obstetras en la comunidad educativa para que entreguen anticonceptivos a los alumnos y enseñen la polémica “Educación Sexual Integral – ESI”.
¿Y quién más participó? En esta mesa de trabajo en instalaciones del Congreso estuvo Carol Maraví, secretaria ejecutiva de la Conferencia Episcopal Peruana. Pero también la excongresista fujimorista Tamar Arimborgo, aquella que alguna vez minimizara los feminicidios y la violencia de género señalando: “Si hay crímenes de odio, tal vez hay de amor también”.
