A Carmela la despidieron una noche. Después de acabar todos los mandados. Sus empleadores le dijeron que a más tardar a las 6 de la mañana debía irse. Que agarre sus cosas y se marche. Había trabajado desde el año 2000 con la familia y luego se quedó con solo unos integrantes. Ya no fue igual. De esos 24 años dedicados a cuidarlos, proveerles atención más allá de la limpieza y la cocina, los dos últimos laboró sin vacaciones.
Cuando la despidieron, le dijeron que su liquidación era apenas de 1200 soles.
Ella exigía sus derechos.
Mil veces idiota, me dijeron. Mil veces estúpida, me dijeron. Me mentaban la madre.
No dejó de exigir.
“No hagas problema”, le decía la empleadora. «No te hagas la pobrecita», la humillaba.
“El problema lo hacen ustedes”, les contestó.
Al final consiguió que le paguen. Pero se fue atemorizada.
Como Carmela hay cientos de mujeres que trabajan en el hogar y cumplen labores de cuidado, pero ¡ah, no! que no osen creer que tienen derechos laborales. Estas labores se han registrado tradicionalmente en el campo de la informalidad, del pago sin beneficios, de la lógica del favor y de la deuda, del control y de la explotación.
Ernestina Ochoa del Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar – IPROFOTH manifiesta que el Estado no se ocupa de las denuncias que suelen ser de violencia física, psicológica, despidos sin pago, contratos inexistentes o contratos que no se cumplen. Y ante la ausencia del Estado, son los sindicatos formados por ellas los que deben acompañarlas.
“Cuando van nuestras compañeras a Sunafil, no hay un asesoramiento como debe de ser. Muchas desconocen cómo harán el seguimiento, cómo harán el llenado de formularios, aparte que demoran demasiado en resolver los casos. Tenemos compañeras esperando uno y dos años que se resuelvan sus casos”, señala.
Hay un entrampamiento también en las normas de fiscalización, aseguran las trabajadoras del hogar sindicalizadas. Cuando se pide una inspección de SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), ellos les indican que no pueden ingresar a las viviendas aun cuando la denuncia sea por violencia.
“Lo más triste es cuando llamamos para la inspección laboral y no acuden de inmediato, sino ya cuando la compañera ha sido golpeada o ha sido despedida. Cada empleador tiene un centro de trabajo, pero para nosotras la casa del empleador es nuestro centro laboral. Si estamos denunciando que allí hay una compañera que está siendo maltratada, que a una niña o adolescente la han traído en forma de trata, cómo vamos a demostrar si la inspección laboral no llega a nuestro centro de trabajo”, enfatiza Ochoa.
Marcolina Infante es trabajadora del hogar desde los 11 años de edad. Una mujer que pasaba por Piura buscaba menores para trabajar y se la pidió a su madre, que en esos tiempos, tenía que criar a varios hijos.
Experiencias de violencia y de invalidar su trabajo las vivió desde temrpana edad, sin embargo, los años pasan y sabía que debía conocer sus derechos. Hoy en día es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la Región Lima (Sinttrahol).
“Los casos de violencia física y psicológica llegan a los sindicatos. Nosotros coordinamos con el Ministerio de la Mujer, pero como los trámites no son rápidos y ellas necesitan volver al trabajo, abandonan los casos”, revela Marcolina Infante.
INFORMALIDAD Y AGENCIAS
Según las últimas cifras brindadas por el Ministerio de Trabajo, el 97% de personas (de 406 mil personas) trabajadoras del hogar está en la informalidad, es decir solo un 3% tiene contrato registrado y accede a sus derechos como corresponde. La cifra es alarmante.
Las trabajadoras del hogar señalan que hay múltiples resistencias a que se respete la Ley 31047 que las protege. Uno de los nudos -detallan- son las agencias de empleo y, el otro, la Sunafil.
“Esas agencias de empleo que colocan a las trabajadoras del hogar cobrándoles el 45% de su primer salario, moviéndolas cada tres meses y haciéndoles contratos hasta con tres familias. Allí Sunafil no ha intervenido. Hemos pedido que las sanciones y las cierren, pero no lo han hecho. Hay unas 200 registradas en el Ministerio de Trabajo y las municipalidades que no fiscalizan nos están poniendo en situaciones de trabajo forzoso, explotación y trata”, afirma Paulina Luza de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Remunerado del Perú (Sintrahogarp).
NI SEGURO NI PENSIÓN
A estas situaciones impunes que denuncian las trabajadoras del hogar, se suma que, a marzo del 2023, EsSalud reporta 60 325 personas trabajadoras del hogar aseguradas regulares, en donde el 85% son mujeres entre 30 a 59 años. La cifra evidencia la alta tasa de informalidad bajo la cual laboral el sector de trabajo doméstico remunerado.
Y si hablamos de pensión, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, al 2022, el 84.3% del sector de trabajadoras del hogar no tiene sistema pensionario, es decir, no aporta ni tendrá posibilidad de tener una pensión de jubilación.
“Nosotras somos cuidadoras, damos servicios a miles de peruanas y peruanos. Denunciamos la ausencia del Estado en el recojo de nuestras demandas”, señala Marcolina Infante.
LOS CONTRATOS
Desde la página del Ministerio de Trabajo o de la Federación (trabajadorasdelhogar.pe) se puede descargar los tres modelos de contrato: a tiempo completo con residencia (antes cama adentro), a tiempo completo sin residencia (antes cama afuera) y a tiempo parcial (para jornada por días o por horas).
Las voceras de los 13 sindicatos a nivel nacional esperan que las miles de personas trabajadoras del hogar puedan conocer la ley y así estar más seguras y hacer respetar sus derechos protegidos.