La congresista Milagros Aguayo, últimamente conocida por tumbarse leyes en favor de las mujeres, imponiendo sus creencias religiosas y sostenida por sus aliados políticos en el Congreso, ahora presenta un proyecto de ley que intenta avasallar el rol del Ministerio de Educación al proponer que sean los padres de familia quienes decidan por sus convicciones personales, morales y religiosas la educación sexual que deben tener sus hijas e hijos.
La propuesta de la legisladora es para modificar nada menos que la Ley General de Educación, específicamente el artículo 5 que habla de la libertad de enseñanza y que ahora se regiría por una libertad de conciencia.
La abogada feminista Jennie Dador ha respondido a esta pretensión haciendo uso de las normas vigentes en el Perú.
Por ejemplo, evidencia que el derecho a la educación sexual integral está contenido en el artículo 6° de la Constitución Política y otras normas de desarrollo, cuyo propósito es dotar a las niñas, niños y jóvenes, para entablar relaciones basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas, y, comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.
“La educación es un proceso de comunicación básica de valores comunes, que prepara para la vida responsable en una sociedad libre a ciudadanas y ciudadanos. Para la concreción de este fin, el Estado tiene la obligación de enseñar determinados contenidos mínimos, como los establecidos en el artículo 14° de la Constitución Política. Uno de esos contenidos mínimos, que debe impartirse de manera imperativa, es la enseñanza de la Constitución y los derechos humanos; entre ellos, el derecho a la educación sexual integral…”.
Otra norma que estaría vulnerando el proyecto de ley de Aguayo y avalada por los parlamentarios Jorge Montoya, José Cueto y Gladys Echaíz, todos de Renovación Popular, es la Ley de Política Nacional de Población que en su artículo 14 señala que es responsabilidad del Estado brindar educación sexual integral en su aspecto biológico, psicosocial y ético.
Pero hay más. El Código del Niño y Adolescente indica que el Estado está obligado a garantizar una educación básica que prepare a una vida responsable, la orientación sexual y la planificación familiar.
La Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (Ley 28983) remarca que esta educación sexual integral sea científica y ética.
Mientras que el Decreto Supremo, Reglamento de la Ley 29600 sobre reinserción escolar por embarazo señala que se debe incluir en los materiales de educación básica regular, alternativa y especial, contenidos de educación sexual para la prevención del embarazo y maternidad. Además de garantizar los procesos pedagógicos que incluyan temas de equidad de género y no discriminación de las estudiantes en situación de embarazo o maternidad.
Foto: Andina
Ahora, si revisamos las normas internacionales, en el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño se señala que los Estados parte (Perú incluido), respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Jennie Dador lo explica: “Es decir, que la orientación de los progenitores no significa que deba o pueda ejercerse para lo que ellos quieran o crean conveniente, sino para maximizar el goce de los derechos reconocidos en la Convención, como el derecho a la educación, información, libertad de expresión, libertad de conciencia … Merece la pena insistir en que la educación sexual en las escuelas es un complemento y no un sustituto de lo que pueden compartir los padres y las madres en el hogar”.
LO QUE NO VEN LOS ANTIDERECHOS
La realidad que supera a los proyectos de ley del Congreso es alarmante. En lo que va del 2024, la cifra de adolescentes que han sido madres hasta el 14 de abril es de 9.382.
Sus edades oscilan entre los 11 y los 19 años, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV).
Lima, Loreto, Piura y Cajamarca son las regiones con más casos de adolescentes embarazadas.
Desde la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí podemos!, manifestaron que se pretenda legislar de acuerdo a convicciones personales, morales y religiosas “sin pensar en el desarrollo integral, la protección y el bienestar común de infancias y adolescencias”.
“Es crucial para garantizar una educación basada en el respeto, la igualdad y la ética para todas y todos los escolares, además de haber demostrado ser una herramienta necesaria y efectiva en la prevención de la discriminación, la violencia de género, la violencia sexual, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y los embarazos de niñas y adolescentes”, sostiene la Alianza Sí podemos.