Fotos: Tania Wamani tras un recorrido en la zona.
El puerto de Chancay es un escenario conflictivo marcado por diversas problemáticas desatendidas por las autoridades, que han decidido priorizar la prosperidad de las inversiones extranjeras.
En este contexto, la mandataria Dina Boluarte ha fortalecido alianzas con China, permitiendo que el estado de Xi Jinping, a través de su empresa COSCO Shipping, construya el megapuerto. En su reciente visita al país asiático, Boluarte anunció que se evalúa una normativa para declarar al megapuerto de Chancay como Zona Económica Espeial (ZEE).
Este proyecto de capital privado y de uso público, se encuentra ubicado en la bahía de Chancay, contigua a la punta Oyague, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima. Si bien promete prosperidad económica, pero surge la pregunta: ¿para quiénes?
Desde diversos sectores de la población de Chancay, se ha expresado abiertamente el malestar por esta gigantesca obra, debido a que sus playas, aún contaminadas por el derrame de petróleo de Repsol, siguen siendo el único recurso de los pescadores artesanales.
La Sociedad Peruana de Derechos Ambiental (SPDA) dio a conocer, en enero de 2024, un informe que analiza el proyecto del Megapuerto de Chancay e hizo una lista de puntos controvertidos que se desarrollan en el informe sobre posibles afectaciones ambientales y sociales:
- El Informe Técnico Sustentatorio como herramienta excepcional de modificación y/o mejora ambiental.
- Compatibilidad del proyecto con el humedal Santa Rosa.
- Los vacíos en los mecanismos de participación ciudadana empleados.
- La compensación ambiental en proyectos de inversión del sector transportes y comunicaciones.
- La contaminación del aire por voladuras y la contaminación sonora.
- La erosión de las costas y el retiro del mar, que generan impactos en el ecosistema y en la fauna marina.
- Los impactos en la actividad pesquera artesanal y turística.
El humedal adyacente al megapuerto se ve amenazado por los residuos de las constantes voladuras que han desaparecido un cerro en un año, poniendo en riesgo la cimentación de las viviendas colindantes.
En la comunidad de Chancay no se siente beneficiados por este proyecto, que además propone la construcción de una ciudad aparte para proveer independientemente a los trabajadores del puerto. Esto refuerza la percepción de que el proyecto está diseñado para beneficiar a intereses extranjeros y no a la población local, dejando a los residentes de Chancay enfrentando las consecuencias ambientales y sociales sin recibir los prometidos beneficios económicos.
El Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay ha señalado que hay una serie de dificultades en la lógica de que «si no eres cliente, eres competencia». «No estamos en contra del progreso o el capital privado, pero en noviembre se incian las operaciones y el megapuerto, aparte del comercio propio, es una empresa privada y no hay intervención del Estado. Queremos que la renta aduanera se vea una revisión, la gente de Chancay no recibe como otras zonas, y es la parte más afectada porque ya se vive como terremotos todos los días, los costos ambientales y las afectaciones de contaminación son grandes», dijo en una reunión ante el Congreso, el dirigente Vladimir Catra.
En los últimos días, la exclusividad de operaciones ha entrado en conficto entre el Ministerio de Transportes, Ositran e Indecopi. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) continuará insistiendo ante el Indecopi, para iniciar un procedimiento de regulación portuaria sobre las operaciones.
