Ante la promulgación de la Ley N° 32331 —que restringe el uso de baños públicos a personas trans de acuerdo al sexo asignado al nacer—, diversas organizaciones trans han lanzado una campaña nacional denominada “Firma para entrar: por el derecho de las personas trans a vivir sin miedo”.
Esta medida legislativa, lejos de proteger derechos, institucionaliza la exclusión y vulnera profundamente la dignidad y el acceso de las personas trans al espacio público. Frente a la ausencia total de respaldo del Congreso y el Ejecutivo, el movimiento trans ha respondido organizándose desde la sociedad civil, con el objetivo de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Este esfuerzo no es solo legal, sino profundamente político, ético y simbólico: reivindicar que usar un baño no puede ser motivo de discriminación, hostigamiento o miedo.
Una firma como acto de resistencia
La campaña busca recolectar al menos 15 mil firmas presenciales, ya que 5 mil firmas válidas son requisito indispensable para sustentar la demanda. Para ello, ya se ha activado una red de organizaciones y voluntarios en distintas regiones del país. Actualmente, la recolección está en marcha en: Iquitos, Piura, La Libertad, Junín, Ayacucho, Cuzco, Arequipa, Tacna, Lima y Callao, y se están compartiendo canales de contacto regionales para que la ciudadanía pueda sumarse y firmar.