Consejo de Estado: Acuerdos que fortalecen la impunidad, con guiño a Constitución fujimorista y el modelo extractivista

Aquí te contamos los detalles de los acuerdos que ha tomado el Consejo de Estado que preside además Dina Boluarte y que parece escrito por el fujimorismo o por la Confiep.

En cada acuerdo, hemos sostenido una explicación o nuestras dudas, que estamos seguras, serán las de muchxs.

1. Seguridad ciudadana:

1. Formulación del marco legal constitucional que garantice a los miembros de la policía nacional del perú y las fuerzas armadas hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde podrían ser juzgados cuando hayan uso de sus armas de reglamento y siempre con previo informe de la inspectoría como requisito de procedibilidad. Nota de la editora: Aquí las fuerzas del orden serían juez y parte de sus propias inconductas y delitos. Por lo que se promueve la poca transparencia de justicia y sanción efectiva, un blanco fácil en la impunidad.

• Articulación de todas las entidades en la formulación, estudio y aprobación de leyes referidas a la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

• Aprobar el marco normativo para el uso de recursos directamente recaudados de los gobiernos regionales y locales para la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Nota de la editora: Más usos de recursos públicos, pero sin reglas de transparencia específicas.

• Realizar acciones conjuntas en la prevención del delito, en el marco de la protección a los niños y adolescentes, estableciendo un régimen excepcional para el caso de los menores que sean autores de los crímenes. Nota de la editora: No hay detalle de cuáles serán esas acciones conjuntas y de qué tipo y en qué marco ayudan a resolver el crimen organizados o cualquier delito.

• Formular una ley para establecer la situación legal de los docentes militantes de movadef, el cual ha sido declarado ilegal mediante sentencia del poder judicial, garantizando preliminarmente su alejamiento de los menores y adolescentes. Nota de la editora: ¿Cómo pueden saber si un docente es militante de Movadef? ¿La situación legal de una persona del Movadef la califica quién? Esta sería una expresión más del terruqueo y la política de miedo que intenta reactivar al eterno y sensible fantasma del terrorismo y que podría justificar desde el Estado acciones de represión, criminalización y violencia.

• Aprobar leyes que permitan fortalecer a la Policía Nacional del Perú, a través de la compra voluntaria de los servicios del personal PNP de franco y vacaciones, así como, el fortalecimiento que permita a la PNP el pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario para mejorar las capacidades operativas. Nota de la editora: Promover el clientelismo en la policía que además vive en situación precaria, puede calificarse como una medida de sujeción. Comprar los servicios del personal, no abona en tener una mejor policía ni que las acciones de estos garanticen la lucha contra la criminalidad. En un país donde la corrupción es alta, la compra -venta de días de trabajo solo puede alentar mayor corrupción.

• Autorizar al Ministerio del Interior la transferencia de recursos no certificados a gobiernos locales en estado de emergencia por seguridad ciudadana, para la compra inmediata de logística para la seguridad ciudana en apoyo a la policía nacional del perú, quien brindará las especificaciones técnicas de los bienes. Nota de la editora: Es por lo menos, suspicaz, nuevamente el otorgamiento de más recursos a un miniterio que poco o nada ha avanzado en la lucha contra la criminalidad al igual que algunos gobiernos regionales. Esta medida debería venir aocmpañada de una ley excepcional de transparencia pública.

• Establecer un regimen especial en la ley de contrataciones del estado a las compras para la lucha contra la inseguridad ciudadana, la seguridad nacional y el crimen organizado, con el control concurrente en los procesos de la contraloría general de la república.

1. Justicia y lucha contra el crimen organizado:

1. Ratificar la decisión del estado que ha implementado 16 unidades de flagrancia y continuar con esta política de estado que ha logrado más de 7 mil condenas a la fecha.

• Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y la reorganización del instituto nacional penitenciario.

• Establecer un marco legal que eleve las sanciones penales para los corruptores de servidores públicos miembros de las fuerzas armadas y policía nacional del perú.

• Aprobación de leyes, que tengan por objeto:

• Establecer medidas de protección especiales a los denunciantes, víctimas y testigos de sicariato, extorsión y banda criminal.

• Facilitar a la unidad de inteligencia financiera a proceder al congelamiento de cuentas bancaras utilizadas por extorsionadores.

• Incrementar las penas a extranjeros expulsados que ingresan nuevamente irregularmente al país.

NOTA DE LA EDITORA: La mayoría de estas medidas son de trámite y papeleo y de consecuencia en caso de que se logre desmantelar de alguna forma el crimen organizado. Es un discurso más que una acción concreta. Las medidas están enfocadas a años de condena y ¿fortalecimiento de penales? los mismos que ya están hacinados y son una coladera. ¿Quién se hace cargo de la protección especial de denunciantes, víctimas y testigos? ¿A qué punto se les protege?

1. Control migratorio:

1. Formular una política de migración interna a efectos de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

• Establecer un marco legal que regule la prestación del servicio de transporte por personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones.

• Ampliar y fiscalizar los requisitos formales para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
• Disponer que la superintendencia nacional de fiscalización laboral (sunafil) efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajan de manera irregular.

• Reforzar el control migratorio en nuestras fronteras.

• Revisar la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior. 

NOTA DE LA EDITORA: ¿La criminalidad en caso de que sean extranjeros solo se basa en incrementar penas como solución? ¿Es necesario referirse a la criminalidad como de extranjeros desviando el problema como una fuente nacional?

1. Crecimiento económico:

1. Ratificar que el modelo económico establecido en la constitución política del perú, nos ha permitido un crecimiento económico que cerrará con un crecimiento del 3.2% este año, y que ha logrado el desarrollo de comercio exterior que nos ha permitido una balanza comercial con resultados positivos.

• Reafirmar nuestro compromiso para empoderar al país como el hub portuario y aeroportuario sudamericano que permitirá un mayor desarrollo de nuestra economía y comercio exterior.

• Comprometernos a establecer una mejor distribución y uso de los recursos para atender las necesidades institucionales que garantice la adecuada, oportuna y eficiente atención a todos los peruanos.

• Rechazar las amenazas contra nuestro modelo económico y contra la industria extractiva al constituir un peligro contra nuestra seguridad nacional.

NOTA DE LA EDITORA: El primer punto es una sujeción tácita del régimen de Dina Boluarte al fujimorismo y a la Constitución de Alberto Fujimori justo en momentos donde un grupo de congresistas de esa agrupación intenta que se reponga la firma de Fujimori en la Carta Magna. Además, es una declaración de una derecha extrema que fortalece el capitalismo y el sistema neoliberal al señalar que «rechazamos las amenazas contra nuestro modelo económico y contra la industria extractiva». Sin duda un comunicado que parece escrito por el fujimorismo y/o ¿por la Confiep?