Solo en Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, hay 226 defensores que se encuentran en riesgo enfrentando amenazas de muerte y hostigamiento judicial sin pruebas.
En un país donde proteger el medio ambiente, los territorios y los derechos humanos puede costar la libertad o incluso la vida, más de 90 defensores y defensoras de 20 regiones del Perú se reúnen hasta el 9 de julio en Lima para participar del III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales.
Bajo los lemas «Perú, te quiero, por eso te defiendo» y «Justicia para Defensores y Defensoras», este evento, organizado por el Grupo Impulsor de la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras del Perú, no solo busca visibilizar las luchas territoriales, sino también denunciar la creciente criminalización que enfrentan quienes protegen los recursos naturales y sus comunidades, lo cual no solo les afecta a ellos y ellas, sino también a sus familias.
Según Global Witness, el Perú ocupa el sexto lugar entre los países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, con más de medio centenar de asesinatos en la última década lo que refleja la dura realidad que enfrentan a diario. Además, según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 39 casos de afectaciones a defensores incluyendo hostigamiento judicial, amenazas y violencia física.
La situación es especialmente crítica en regiones como Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, donde al menos 226 defensores se encuentran en riesgo, enfrentando amenazas de muerte, hostigamiento judicial y ataques armados debido al avance de actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala indiscriminada y el narcotráfico, situación que se agrava por la ausencia del Estado en esos territorios.
En el encuentro también se buscará dar visibilidad a casos representativos de afectaciones a los derechos de defensores y defensoras. Entre ellos destaca el caso de Cotabambas, Apurímac, donde 11 comuneros y comuneras fueron finalmente absueltos tras más de una década de procesos judiciales motivados por denuncias infundadas. Su único ‘delito’ fue oponerse al proyecto minero Las Bambas, que ha generado graves impactos ambientales en la zona. Aunque no hubo pruebas en su contra, el desgaste emocional y económico para ellos y sus familias fue enorme.
En Cajamarca, el fantasma del proyecto Conga —suspendido en 2012 pero hoy en debate para su posible reactivación— vuelve a despertar el temor en las comunidades, que ya sufrieron la pérdida de cinco vidas durante la violenta represión de la policía nacional en las protestas contra el proyecto sin que, hasta ahora, se haya sancionado a los responsables. Y para agravar la situación, el último martes 01 de julio, en lectura de sentencia por el caso en mención, el Juzgado Unipersonal de Celendín declaró prescrito el proceso judicial contra mandos policiales que estuvieron a cargo de operativo policial en el conflicto. Esto a pesar de que el juez reconoció que hubo sí uso desproporcionado de la fuerza contra defensores y comuneros que participaron en la protesta. Lo que representa un caso más de vulneración de derechos de defensores y defensoras.
En Chaparrí, Lambayeque, la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, reconocida por custodiar la primera Área de Conservación Privada del Perú, enfrenta constantes amenazas de mafias interesadas en apoderarse de su territorio. Su presidente, Edivar Carrasco, ha recibido siete amenazas de muerte. Aunque algunos procesos penales fueron archivados, el riesgo para su vida y la de su comunidad continúa latente.
Mientras tanto, en Urinsaya, Cusco, 10 comuneros son acusados de secuestro por parte de la empresa Las Bambas. La fiscalía ha solicitado penas de hasta 30 años de prisión en un caso que evidencia una preocupante criminalización de la protesta social, sin pruebas contundentes que sustenten las acusaciones.
Encuentro Nacional
Frente a este panorama, el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales se presenta como un espacio crucial para articular respuestas. Durante tres días, los participantes compartirán experiencias, analizarán las falencias de los marcos legales actuales y construirán de manera colectiva una Agenda Nacional 2025-2026 que defina estrategias de protección efectiva.
Además, tendrán reuniones clave con autoridades nacionales y organismos internacionales como la OACNUDH y la Unión Europea. Finalmente, el 9 de julio, defensores y defensoras también brindarán una conferencia de prensa para presentar su agenda estratégica, demandas y propuestas en búsqueda de exigir el respeto de sus derechos y sus vidas.
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