Unos 30 casos con sentencia que se han calificados como delitos de lesa humanidad podrían verse afectados de aprobarse la ‘Ley de amnistía e impunidad’. Este proyecto de ley fue presentado por el fujimorista Fernando Rospigliosi y por el exmarino José Cueto de Renovación Popular.
Entre esos casos, hay varios emblemáticos como Los Cabitos (1983), Accomarca (sentencia en 2016), Cayara (1988), MMMB violación sexual en conflicto armado (1992), entre otros como Barrios Altos y La Cantuta, pero además las sentencias de Alberto Fujimori y el del exministro del Interior Daniel Urresti, sentenciado en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos y que fue considerado delitos de lesa humanidad.
E incluso se afectarían casos en proceso de dictar sentencia, como Manta y Vilca, juicio por definirse en un par de meses. Se busca justicia para 9 mujeres de los distritos de Huancavelica que sufrieron violación sexual durante el conflicto armado y que involucra a 13 militares además del Estado. Este caso ha sido calificado como crimen de lesa humanidad desde que se presentó la denuncia hace 15 años.
Unas 300 víctimas, que ya tuvieron acceso a justicia, se verían afectadas en caso se apruebe el proyecto de ley que estaría entrando a votación del pleno del Parlamento este jueves 11 de marzo haciendo uso de la fuerza de votos.
El 12 de marzo, el proyecto de ley fue aprobado por mayoría en la Comsión de Constitución con votos del fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País predominante.
De aprobarse el proyecto de ley es posible que se genere un malestar en el Poder judicial. Las salas penales han sentenciado por lesa humanidad y han derrotado judicialmente a quienes esperaban impunidad, sostiene Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien asegura que la ‘ley de impunidad’ no viene sola, sino que se ha ido preparando un discurso en el que las masacres son justificadas, incluso las de diciembre y enero contra el régimen de Dina Boluarte.
“Yo creo que los jueces van a defender sus fallos”, sostuvo Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien señala que de aprobarse el proyecto de ley las defensas de los que fueron sentenciados o están procesados van a generar algún tipo de recurso procesal para que se aplique la ley de impunidad.
Indicó que, así como uno de los autores del proyecto es José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, al parecer, hay un intento de “arreglar algunos asuntos después de haber sido derrotados judicialmente”, y son casos graves que involucran a “militares y generalísimos” que han sido condenados o procesados por diversos crímenes.
Y aquí va el tema de para quien se estaría trabajando la ley. El proyecto hace una precisión: «las entidades competentes y jueces y fiscales encargados de ellas, están vulnerando los derechos fundamentales de varias personas que pertenecen a las fuerzas armadas…».
El proyecto de ley tiene como supuesto objetivo clarificar el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guera dentro del marco jurídico peruano. Pero el proyecto es un acto de impunidad ya que indica que los delitos prescriben (se extinguen, caducan) después de 20 años de cometidos. Así, cuestiona la Convención de Imprescriptibilidad, señalando que su aplicación se debe limitar a hechos ocurridos después de su entrada en vigor el 9 de noviembre de 2023.
Nuevamente, una ley nacional -si se aprueba- saltaría los tratados internacionales de derechos humanos.
La abogada del Instituto de Derechos Humanos de la PUCP (Idehpucp), Valeria Reyes, sostuvo que hay una tendencia regresionista en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y que los congresistas promueven la desinformación sobre los alcances de derecho internacional.