La Alianza por los derechos humanos en Ecuador difundió un pronunciamiento en el que exigen al Estado abordar de forma estructural la problemática del crimen organizado.
“Las medidas populistas no resultan eficaces y ahondan la situación (de la violencia y criminalidad)”, sostienen las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Surkuna, Amazon Frontlinses, Aldea y Las Comadres.
Estas organizaciones ciudadanas informan que desde hace tres años se alertó a la institucionalidad y a la comunidad internacional sobre el avance de la violencia evidenciado desde la primera masacre carcelaria ocurrida en febrero de 2021, así como sobre la ineficaz respuesta del Estado: reiteradas declaratorias de estados de excepción y movilización de fuerzas armadas que resultan ineficaces en su alcance y ejecución y que no responden a un plan integral de seguridad ciudadana.
“La violencia suscitada en las cárceles, controladas por el crimen organizado transnacional con complicidad del Estado, se instaló en barrios, ciudades y provincias, especialmente en los sectores y territorios más empobrecidos, racializados y en los que el Estado no garantiza el acceso a derechos humanos fundamentales. El crimen organizado ha permeado todas las instituciones del Estado y ha debilitado su rol para garantizar la seguridad ciudadana. La infiltración ha sido evidente en los estamentos políticos, policiales, militares, judiciales, cooptados por el crimen organizado”, indican.
CONFLICTO ARMADO
Respecto a la declaración de “conflicto armado interno” en Ecuador por parte del presidente Daniel Noboa, las organizaciones de derechos humanos manifiestan que deja diversas dudas respecto de su razonabilidad e insuficiente motivación.
Además, preocupa la falta de garantías a los derechos de la población civil que no está comprometida, no participa ni se beneficia de la actuación de estos grupos criminales.
“La declaración deja abierta la posibilidad de identificar a nuevos grupos como “actores no estatales beligerantes” sin criterios claros de distinción de a quienes considera “terroristas”. Cuando la definición de “terroristas” recae en la discrecionalidad de la fuerza pública -infiltrada por el crimen organizado o no- cualquier persona puede ser etiquetada como tal”, explican. Por estas razones exigen al Estado diseñar e implementar de forma urgente un plan integral de seguridad ciudadana construido de forma participativa y con enfoque territorial y de derechos humanos. Asimismo, recuperar el control de los centros de privación de libertad; limitar y controlar las fuentes de financiamiento del crimen organizado; depurar las instituciones del Estado de la penetración de bandas criminales; entre otras.