Las organizaciones indígenas nacionales del Perú alzan su voz de protesta contra la modificatoria de la Ley N° 27692 (ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI) y una serie de iniciativas legislativas que amenazan directamente sus derechos y autonomía.
En conferencia de prensa, denunciaron que el Estado busca restringir su acceso a la justicia y desconocer sus estructuras organizativas, lo que debilita su capacidad de defensa y los coloca en un estado de mayor desprotección, a través de la llamada Ley AntiONG que ellxs llaman “Ley Mordaza”, porque consideran que las nuevas restricciones que impone busca silenciarlos y criminalizarlos por defender los derechos humanos.
Explicaron que se han visto en la necesidad de formar asociaciones civiles y, a través de ellas, solicitar los recursos de la cooperación internacional para defender e implementar el acceso y promoción de sus derechos, los mismos que son negados por el propio Estado, con más fuerza en un contexto en el que el avance del autoritarismo los restringe cada vez más; así como gestionar los recursos para la defensa de sus territorios.
CASOS AFECTADOS
Destacaron que, si se aprueba esta ley, se paralizarán más de 30 procesos judiciales impulsados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
También se verán afectados los casos de líderes indígenas asesinados que no han encontrado justicia en el Perú, pues los pueblos indígenas no podrán recurrir a instancias internacionales.
“Esta norma busca que al Estado no se le fiscalice, no se lo critique, no se le judicialice, que no ejerzamos nuestro derecho a la protesta. Y cuando el Estado vulnera derechos colectivos fundamentales, esta ley impediría denunciar, para que los pueblos indígenas sean asesinados, sean vulnerados. Esto es muy grave”, manifestó el apu Jorge Pérez, presidente de AIDESEP.
«NO SE RESPETA CONSULTA PREVIA»
Asimismo, alertó que esta normativa impulsada por el Congreso es inconstitucional por no haber sido sometida a consulta previa, por lo que exigió al Ejecutivo que la observe. “De lo contrario, acudiremos a instancias internacionales”, dijo.
Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advirtió que no podrá continuar con sus peticiones de consulta previa sobre proyectos mineros que afectan directamente sus territorios y tampoco podrán cuestionar leyes en discusión en el Congreso.
La Confederación Nacional Agraria (CNA) consideró que esta ley forma parte de una estrategia de represalia contra los pueblos indígenas porque en el pasado lograron anular leyes inconstitucionales mediante litigios. «Quieren desaparecer nuestras organizaciones, acusándonos de delitos inexistentes», denunció el representante de la CNA, Antolín Huáscar.
La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) destacó la contradicción del Estado: mientras promueve leyes contra los pueblos indígenas no sanciona los crímenes ambientales que destruyen sus territorios. «Protegemos el agua, las semillas y ahora quieren invadir nuestros territorios sin nuestro consentimiento», advirtió su presidenta, Lourdes Huanca.
“Se oye que esta modificatoria es una ley anti-ONG, pero no solo afectaría a las ONG sino a nuestras organizaciones indígenas, que venimos organizándonos con el único objetivo de hacer respetar nuestros derechos. En otros países, las federaciones y las organizaciones nacionales tienen un respaldo y se les asigna un presupuesto para que puedan gobernar su autonomía, pero en nuestro país no pasa eso y tenemos que recurrir al apoyo de la cooperación internacional. Además, esta ley ha sido aprobada sin respetar el proceso de la consulta previa a los pueblos indígenas, por lo que es inconstitucional”, explicó Danitza Quispe, dirigenta de ONAMIAP.
En tanto, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) enfatizó que la cooperación internacional ha asumido funciones que debería cumplir el Estado en la protección de los pueblos originarios. «El Estado no nos protege; en cambio, criminaliza nuestras luchas y busca desarticular nuestras estructuras comunitarias», precisó a través de un video el presidente de CONAP, Oseas Barbarán.