Marilia A. ha muerto. Poco más de 50 años de edad y la vida se le ha ido sin tregua. Esperando una justicia que no llegó, por machista, racista y burocrática.
Marilia fue una de las nueve mujeres campesinas quechuahablantes en juicio que aún entre la niñez y la adolescencia fueron violadas por militares destacados en el distrito de Manta desde 1984, en Huancavelica, durante el interminable estado de emergencia durante los años del conflicto armado interno pasando por los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García. Pero que también se extendió en impunidad hasta el gobierno de Alberto Fujimori y los siguientes.
Marilia fue una de esas niñas que fueron violadas y víctima de embarazo y maternidad forzadas que quedaron impunes.
“Los compañeros varones y mujeres del colegio al notarme la barriga se alejaron de mí. Ya no querían ser mis amigos. Me sentía sola y diferente. Tuve mi hijo y también lloraba mucho. A veces lo miraba al niño y me daba pena, porque en ese momento mi familia me despreciaba”, contó.
Marilia tuvo que vivir con el recuerdo permanente de la violación, las obligaciones de la maternidad no deseada, los insultos del pueblo, el estigma que se genera después de ser una mujer ‘deshonrada’ y encima culpada de su propia desgracia cuando no se entiende el alcance y el atropello del poder sobre los cuerpos de las mujeres que son tomados como botines de guerra.
“A otras mujeres los militares también las violaban o las tomaban como sus mujeres. ¿A dónde íbamos a ir? No era que estaban enamoradas de ellos. Si el militar te obligaba, ¡ven a bailar!, ¡ven a tomar! Un militar toma a una mujer y nadie lo detiene, ¿quién la defiende?”, se preguntaba.
Marilia fue violada por una tropa que destacada en la zona desde soldados hasta superiores imponían el control, el miedo y diversas formas de violencia. Las mujeres, según los testimonios, eran abusadas sexualmente, luego que irrumpieran en sus casas, en su escuela, en el monte y en la propia base militar donde las llevaban con excusas como permisos para transitar o salir del pueblo o solo por ir a preguntar por algún familiar detenido.
Marilia fue una de las mujeres que, aunque pequeña en edad tenía la fuerza para pedir justicia. Y ya en los años de adultez, después del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que describió el caso Manta y Vilca documentando 24 testimonios de violaciones sexuales durante el conflicto armado; y luego que organizaciones de derechos humanos y feministas llegaran a Manta para conocer las historias de estas mujeres y brindarles atención y acompañamiento legal, Marilia buscó justicia.
Marilia sí buscó y esperó justicia y con los años se hizo más fuerte acompañada de sus abogadas y psicólogas, pero también por la gente que iba a los plantones y movilizaciones, y la que fue al inicio del primer y del segundo juicio.
Marilia comenzó a buscar su propia voz y fue llenando de esperanza. Quería dejar atrás los miedos, tenía miedo hasta de estar a oscuras.
“Todos los recuerdos de mi niñez han sido como macheteados. Me recuerdo cada cosa, cada suceso que ha pasado… no me gusta. Mi hermana vive allá, yo tengo chacra, pero no quiero volver. Cuando estoy en la ciudad pienso que una puede pedir ayuda, correr a algún lado, hay luz, hay policías; en cambio en Manta no hay. Cuando oscurece siempre tengo miedo, pienso que se van a aparecer los militares o los terrucos”, contaba.
Marilia se iba sintiendo más fuerte y dio su testimonio ante fiscales y jueces. Y luego, habló y habló más fuerte haciendo memoria, sacando esos demonios que la acosaban. Ante la periodista que escribe esta nota, habló por horas, para dejar constancia de una verdad que el poder no quiere escuchar, que el negacionismo y quienes quieren borrar la historia y repartir amnistías intentar mantener debajo de la amplia alfombra de sus crímenes.
Marilia dio su voz, contó su historia, en el libro ‘Nuestras voces existen: Testimonios de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Manta’, editado por Demus, organización feminista que la representaba legalmente a ella y continúa con otras dos valientes sobrevivientes. El Instituto de Defensa Legal (IDL) hace lo propio con otras 6 denunciantes.
Marilia y su familia habían vivido la violencia de los grupos subversivos como Sendero Luminoso y luego la de los militares que llegaron y tomaron su pueblo.
Marilia fue una de las 9 mujeres que puso en el banquillo a 13 militares -de los que se pudo reconocer destacados en Manta- y al Ministerio de Defensa como tercero civil responsable de violaciones sexuales sistemáticas en Manta.
Marilia se ha muerto sin poder escuchar la sentencia que debió estar lista el año pasado, pero que por demoras y reprogramaciones se ha extendido en el plazo.
Marilia estaba esperando la sentencia que se estaría conociendo en dos a tres meses máximo, según sus abogados/as.
Marilia se preguntaba: “Nunca, no sé… ¿el día en que me muera me olvidaré de esto?”.
Ojalá que sí, Marilia, haya terminado de sentir el miedo y los recuerdos del horror. Pero, ¿dónde quedan las víctimas en un sistema de justicia revictimizador, lento y negligente?
¿Dónde quedan las víctimas de estos crímenes que ofenden a la humanidad cuando se plantea una Ley de amnistía e impunidad para militares como el proyecto presentado por Jorge Montoya de Renovación Popular? ¿O como el mamotreto de proyecto del fujimorista Fernando Rospigliosi y el exmarino José Cueto?
Que quienes tienen en su poder darle un sentido a lo justo, no olviden la deuda que tienen y tenemos como país con estas mujeres que desde más de 40 años esperan justicia y reparación.
P.D. Puede leer el libro ‘Nuestras voces existen…’ en este link