Este 8 de enero tendrá lugar la última audiencia de segunda instancia del caso Ariana en la que se definiría si se suspende o no el proyecto minero Ariana, que según organizaciones medioambientales pone en peligro el abastecimiento de agua para Lima y Callao.
¿Por qué? Porque la empresa minera pretende explotar cobre en pleno sistema de lagunas de Marcapomacocha que son las que abastecen de agua a Lima y Callao.
En esta audiencia se espera el voto dirimente de un quinto juez, debido a que no hay unanimidad en los tres jueces del tribunal. Los magistrados Tapia Gonzales y Ordoñez Alcántara votaron por anular las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas que aprueban las autorizaciones ambientales del proyecto minero Ariana y el juez Cueva Chauca votó en el sentido de declarar infundada la demanda y dejar el camino libre para la ejecución de este proyecto minero.
Como se requieren legalmente tres votos en el mismo sentido para emitir una sentencia, el voto de la discordia lo asumirá un juez adicional.
Según información de Cooperacción, el proyecto minero Ariana pertenece a la empresa Southern Peaks, que se emplaza dentro del sistema Marcapomacocha, el sistema hídrico de donde Sedapal capta agua de la cuenca del Mantaro para desviarla hacia la cuenca del Rímac y así garantizar las cantidades de agua necesarias para abastecer a la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes.
Este sistema hídrico está conformado por un conjunto de lagunas, así como bofedales naturales, que son ecosistemas captadores de agua, y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas que permiten alimentar al túnel trasandino Cuevas-Milloc, que la transporta hacia la cuenca del Rímac.
Pese a que el proyecto minero Ariana recibió la aprobación de su estudio de impacto ambiental (EIA) en 2016 por parte de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el propio Sedapal considera que constituye un grave riesgo que podría impactar la calidad y cantidad de agua que reciben Lima y Callao. Sin embargo, la opinión de la empresa de agua potable no fue tomada en cuenta.
En 2019, un grupo de ciudadanos de Lima interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, presentando numerosos argumentos técnicos que ofrecen indicios razonables de que la construcción de una mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en el sistema de Marcapomacocha ponen en riesgo las fuentes de agua de Lima y Callao.
En enero de 2023 la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente. Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron la sentencia. La audiencia del próximo 8 de enero es la audiencia definitiva de la segunda instancia, en donde se determinará qué posición obtiene los tres votos necesarios para dictar sentencia: la suspensión del proyecto, o su construcción.
Luego de casi seis años de proceso judicial, el voto dirimente de un juez podría ser decisivo para el derecho al agua en cantidad y calidad adecuadas para las próximas generaciones.