Mujeres de Manta, distrito de Huancavelica, que llegaron a Lima para escuchar la audiencia en la que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema evaluaría los recursos de nulidad presentados por los militares condenados por crímenes de violencia sexual durante el conflicto armado interno, además de los interpuestos por el Ministerio Público y DEMUS -Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer-, se llevaron una nueva decepción cuando el mismo día la Corte canceló la audiencia.
DEMUS considera que esta cancelación pudo haberse evitado tomando las previsiones necesarias pensando en el tiempo que las mujeres llevan esperando justicia traducida en una sentencia firme y ejemplar en la que se condena a 10 exmilitares de la Base Militar de Manta por las violación sexual en su agravio cuando aún eran menores de edad. Las condenas que son de 6 y 12 años se dictaron hace un año siendo el Ministerio Público y las agraviadas quienes solicitaron que las condenas y la reparación civil sean acordes a la gravedad de los crímenes probados en juicio. La sentencia emitida el 19 de junio de 2024, reconoce que violencia sexual cometida constituyeron lesa humanidad ya que fue sistemática,parte de una política estatal contrasubversiva discriminatoria., marcando un precedente histórico en el Perú y Sudamérica.
“En un contexto de profunda crisis democrática y debilitamiento del Estado de Derecho, con un Congreso y Ejecutivo de espaldas a la justicia, las mujeres de Manta y DEMUS hacemos un llamado firme a la Corte Suprema, para que las juezas y jueces se mantengan como garantes de la justicia. Instamos a que el Poder Judicial asuma su rol en el proceso de reparación integral de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Esto implica actuar con celeridad, confirmando las condenas, estableciendo penas proporcionales a la gravedad de los crímenes, y otorgando reparaciones civiles justas, a la altura del daño producido que perdura hasta la actualidad”, sostiene Cynthia Silva, abogada feminista de DEMUS.
Además, DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer- denuncia que el Congreso y el Ejecutivo vienen levantando una arquitectura de la impunidad con leyes como la de prescripción promulgada el año pasado y la Ley de Amnistía (a la espera de promulgación), que busca exculpar a militares y policías responsables de graves violaciones contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980 – 2000). A ella se suma la Ley APCI (Cooperación Internacional) del 2025 que pretende dejar en indefensión a las víctimas, pues establece las sanciones más graves para quienes ejercemos defensa de las víctimas en estos casos.