Dos años han pasado desde que el Estado se comprometió a dar apoyo a dos niñas de 11 y 13 años de edad que fueron violentadas sexualmente por su padrastro Juan Carlos Saavedra Jaimes, quien además les trasmitió VIH. Pero ese compromiso no se ha cumplido de manera eficiente.
Preso el padrastro, las niñas quedaron al cuidado de una tía. Sin embargo, ella no cuenta con los medios ni recursos para cuidarlas económicamente, ni para sus necesidades en salud mental y los requerimientos para una persona con VIH.
Por esto, la familia ha presentado ante el Juzgado Especializado de Puente Piedra, una demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual contra el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que las niñas que hoy tienen 13 y 15 años puedan acceder a la reparación económica que necesitan para vivir dignamente y para que se les pueda brindar servicios indispensables como tratamiento psicológico, albergue y manutención.
El abogado Aldo Cabanillas, quien lleva el caso, explicó que la familia espera que las niñas puedan quedar al cuidado del Estado en alguna casa hogar o albergue de acuerdo a las leyes de protección existentes en el marco legal peruano.
También señaló que se evalúa una demanda contra el Ministerio de Salud, debido a que las niñas reciben tratamiento psicológico de manera esporádica, al igual que los medicamentos para el VIH.
Guiselly Flores, representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH (RedLAC+), criticó duramente el abandono del Estado en este caso.
“Es justamente por la omisión y falta de protección que estamos apoyando a las niñas hasta que sean indemnizadas. La reparación ya no sucede, porque no podemos volver a antes cuando fueron violadas y ya estaban desarrollando VIH avanzado; una de ellas sin ninguna esperanza de vida. Hemos logrado que sobrevivan pero no queremos que la respuesta del Estado solo sea: el criminal en la cárcel. Ellas no pueden recibir una visita psicológica una vez al mes al mes y se les debe indemnizar”, sostuvo.
EDUCACIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO
Guiselly Flores también comentó que las niñas van al colegio, pero sufren el estigma por el VIH que padecen. Entonces, muchas veces se esconden en los baños y no asisten a clases. Otro problema es que necesitan aprender a reconocer que tienen VIH y cómo llevarlo, porque muchas veces niñas y niños no saben la magnitud de los que tienen y es difícil que tomen el tratamiento de pastillas que es diario.
“Estas niñas han sufrido violencia sexual, han sufrido bullying en el colegio y bullying de la sociedad. ¿Qué espera el Estado, que cumplan la mayoría de edad para después decir ya no es nuestro problema? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está el Ministerio de Inclusión Social? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia?”, añadió.
Flores también dijo que el Ministerio de Salud no les ha respondido cuántos niñxs tienen VIH a causa de violación sexual. Ni cuántos han quedado huérfanos por razones de que sus madres y padres tengan VIH.
EL DESCUIDO ESTATAL
A la situación de las dos hermanas, se suma una situación de gravedad. Y es que las niñas tienen una hermana que entonces tenía apenas 5 años. Esa niña no ha recibido ningún tipo de tratamiento, ni descarte de violencia sexual ni de VIH. La pequeña vive con sus hermanas al cuidado de la tía.
Guiselly Flores comentó que en los últimos dos meses se reunió con represnetantes de la Defensoría del Puebo para que elaboren un Informe Defensorial sobre la situación de niñas con VIH pero más allá de decirle que quizá sería bueno crear una mesa técnica no recibieron más respuesta. Cabe señalar que cuando ocurrió este caso, fue la Oficina Defensorial del Callao demandó a las autoridades del sistema de justicia la máxima sanción para Juan Carlos Saavedra Jaimes.
En tanto, la congresista Ruth Luque señaló que en el Congreso se espera llegar a un acuerdo para que haya una mesa técnica que trabaje cuál es la situación de las niñas con VIH en el país. Incluyendo el caso Condorcanqui de más de 500 niñas amazónicas abusadas sexualmente por educadores, lo que revela una directa responsabilidad del Estado.