Por Amanda Meza, periodista, directora de La Indómita
Como no podía ser de otra manera, Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga ha propuesto en el Congreso crear una comisión para investigar los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desde el 2015.
La propuesta del parlamentario antiderechos Alejandro Muñante, -aun no explica claramnete qué organizacines lo llevaron a la toma de mando de Donald Trump que suele costar miles de miles de dólares y a cambio de qué-, pretende pone ‘bajo la lupa’ a las ONG sobre todo feministas y de derechos humanos e incluso al periodismo de investigación que ha resuelto casos de corrupción.
El diario Expreso, que se ha convertido en el vocero de los partidos de extrema derecha peruana y de los antiderechos con agenda religiosa, señala textualmente que: “Diversos medios y organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales se encuentran bajo la lupa tras revelarse que fueron beneficiarios de cuantiosas sumas de dinero. Entre los más conocidos se encuentran RPP, La Encerrona, Epicentro, Ojo Público, La República, El Comercio, así como ONG como Manuela Ramos, Aprodeh y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos”.
Es decir que la investigación no es por cómo se usaron los fondos de USAID que suelen estar direccionados a promover derechos de las mujeres, combate al narcotráfico, protección de la Amazonía, entre otros; sino si los fondos “se direccionaron de manera irregular para la implementación de «agendas político-ideológicas«. Y citan la constitución a su favor, tremenda patinada, porque lo que garantiza la Constitución es la libertad de opinión, expresión e información.
Aquí vale la pena reparar en que estos antiderechos llaman agenda político ideológicas a lo que se refiere, por ejemplo, a derechos de las mujeres, campañas por el derecho al aborto, la defensa del ya existente aborto terapéutico en caso de que peligre la salud y vida de las niñas y mujeres, derechos para las personas LGTBIQ+, protección de la Amazonía frente a la minería y otros, defensa de la libertad de prensa (no monopolios), que a ellos no les gusta.
Pero sigamos con la propuesta de la comisión multipartidaria que además estaría formada por tres ‘joyitas’. A Alejandro Muñante se suman nada menos que la tan transparente Patricia Chirinos (es sarcasmo) y Norma Yarrow. No olvidemos que Yarrow fue presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado donde se aprobó el proyecto de ley que establece de necesidad pública el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Y, ojo, hoy estamos a puertas de que el Ministerio de la Mujer sea desmantelado fusionándolo con el Ministerio de Inclusión Social que ni siquiera puede manejar bien el programa Qali Warma.
Pero, curiosamente, Muñante no habla de investigar a las ONG, fundaciones y asociaciones que también han recibido cooperación internacional y que manejan la agenda contra las personas LGTBIQ, mujeres. No olvidemos que, en 2022, el parlamentario siendo parte de la Mesa Directiva fue uno de los que le abrió las puertas al bus de la organización internacional CitizenGO para arremeter contra la 52 Asamblea de la OEA acusándola de buscar consensuar declaraciones conspirativas contra la legislación nacional con el fin de introducir la agenda globalista con su ideología de género”. Nada menos que a la OEA donde tiran la piedra, pero luego quieren acudir para que los proteja.
Pero, vamos al fondo, ¿qué relación hay entre Muñante, la bancada supuestamente defensora de la vida -pero que ni se pronunció sobre las violaciones a más de 500 niñas awajún- y esa organización internacional? ¿Cuánto reciben las ONG y fundaciones del Sodalicio? ¿Cuánto reciben las ONG y colectivas que se dicen “provida”? ¿Cómo mantuvo la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia que Muñante presidió antes de ser parlamentario? Cositas para transparentar ¿no? ¿Creamos otra comisión o qué?
Es claro que desde hace un tiempo hay un ataque directo a las ONG de derechos humanos como al Instituto de Defensa Legal (IDL) y a IDL Reporteros, medio que lidera el periodista Gustavo Gorriti. Las portadas del diario Expreso son útiles (quizá solo para eso) para ver la seguidilla de ataques a diversas ONG que no se alinean con lo que piensa la fachósfera peruana, los imitadores de Trump y de Vox y de Milei. Porque ni se pude hablar de ideología política en el Perú, donde nuestra clase política no tiene ni partido, ni lealtad y casi toda tiene anticuchos por aclarar.
El propio López Aliaga ha salido con el clásico discurso del «caviar» a atacar directamente a la ONG feminista Manuela Ramos. Sin pruebas, sin documentos. La ONG ha contestado: «Tenemos la certeza de que estas acciones responden a una campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país. Seguiremos trabajando juntas y sin miedo».
Hace unos meses cuando se cuestionaba el segundo indulto ‘trucho’ a Fujimori y se hablaba del caso pendiente de juicio por las esterilizaciones forzadas, el diario Expreso sacó una portada contra la ONG feminista DEMUS, aquí la respuesta de la ONG fue denunciarlos formalmente por difamación y ataques directos a sus integrantes.
Portada de Expreso contra ONG por pendientes de la justicia de Fujimori
Estos ataques a la agenda de los derechos humanos va a continuar hasta desmantelar todo avance progresista en cuanto a derechos. No perdamos de vista que la labor de las ONG, por lo menos de las que se dedican a derechos de las mujeres y derechos humanos en general han cubierto los vacíos del Estado. Muchas veces donde no hay Estado, donde hay injusticia, solo la justicia ha sido posible en tanto las personas se han acompañado de una organzación, institución o colectiva. E incluso cuando no hay justicia en el país se ha podido recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que son, por ejemplo, la CIDH y la Corte Interamericana o la ONU. Y más de una vez en el Perú de la impunidad, solo la voz de la prensa independiente que algunas veces puede acceder a un fondo internacional para sobrevivir, ha sido determinante para que no se consume una injusticia o un acto corrupto. Sí, la prensa independiente porque en el Perú hay un monopolio mediático en el que es difícil confiar.
Dina Boluarte, sumada a sus aliados, ha sido como siempre ‘más papista que el papa’ y ha deslizado que las ONG de derechos humanos son criminales. “No podemos permitir que los derechos humanos sean privilegios de los criminales, mientras nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas eran abandonadas a su suerte. Es así que muchas ONG financiadas con dineros que provenían del mundo internacional, priorizaban los derechos de aquellos criminales”, dice.
¿Qué se espera de Dina? Es ella quien tiene una investigación por las muertes de 50 personas en el inicio de su gobierno. Obviamente desprecia los derechos humanos.
Mucha de las personas heridas y deudos de personas fallecidas solo pueden seguir buscando justicia con el apoyo de las ONG que les apoyan con abogadxs, con pronunciamientos y respaldo en el camino de justicia que no obtienen del Estado porque es el Estado el que les ha matado, atropella sus derechos y busca impunidad.
Recuerde la ciudadanía que sin derechos, no hay real democracia, y en el Perú ya vivimos en un Estado de autoritarismo y dictadura en ciernes.
Esta clase política que puede ser ridícula y sin argumentos ni fundamentos, igual está haciendo daño y generando retrocesos en derechos humanos sin precedentes. Recordemos que el fascismo verdadero o imitador se ha instalado desde hace algún tiempo ya y ha generado un bloque de ineptos para recrudecerlo. Lo están haciendo todo a su manera y pareciendo todo muy legal. Que no sea mucho más tarde cuando reaccionemos.