Los miembros de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya, que abarca 28 territorios y trece pueblos originarios de Perú y Brasil, se encuentran en Lima con el objetivo de exponer sus preocupaciones al gobierno central y a la sociedad civil, destacando temas ruciales como los proyectos de infraestructura, tanto legales como ilegales, como carreteras, caminos forestales y pistas de aterrizaje, así como la protección de las nacientes de los ríos y la biodiversidad.
Además, abordan el preocupante avance de las economías ilegales, incluido el crimen organizado, y la urgente necesidad de protección para los defensores de los derechos de los pueblos originarios.
Las comunidades que integran la Comisión Transfronteriza vienen trabajando desde el 2021, mediante sus conocimientos ancestrales, con la elaboración de un diagnóstico, informes técnicos y monitoreos con mapas, conscientes de que la inacción podría llevar a una situación similar a la del VRAEM y el caso Saweto. Desde entonces han evidenciado la realidad de sus territorios.
Jamer López, presidente de ORAU señala que el agua y el territorio es vital para la subsistencia de las comunidades. “Nuestro reto es lograr que los Estados reconozcan nuestra existencia y promuevan políticas públicas que fortalezcan nuestras culturas y territorios. La resistencia cultural indigena es esencial; si la perdemos, el territorio quedará desolado”.
López añade que son las entidades estatales las que vienen avalando la construcción de la carretera en sus diferentes niveles. A nivel local, el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) promueve esta iniciativa. Sin embargo, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) no está cumpliendo con su función de supervisar las concesiones forestales. Por otro lado, la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) ha estado aprobando lineamientos que favorecen a los concesionarios y una zonificación forestal que no toma en cuenta áreas prioritarias para la conservación. “Es necesario des-concesionar áreas y revisar normativas para recuperar nuestro territorio, ya que las concesiones fueron otorgadas sin consulta previa”, remarca.
Arlindo Ruiz, líder de la comunidad nativa Dulce Gloria, (Yurúa- Atalaya), enfatiza que el Estado debe respetar sus propuestas de proteger los ríos y los bosques que limitan con Brasil, promoviendo soluciones en vez de conflictos. «Nuestro bosque no está en venta», afirma, y añade que los ministerios deben prestar atención urgente a las fronteras que se encuentran totalmente abandonadas, donde la presencia del Estado es inexistente.
La Comisión Transfronteriza ha manifestado su preocupación respecto a la construcción ilegal de la carretera UC-105, un proyecto impulsado por economías ilícitas en la región. Este desarrollo vial carece de un estudio de impacto ambiental y de informes técnicos que avalen su viabilidad, lo que no ha impedido su avance y su impacto en la zona, advierten.
Wewito Piyãko, presidente de Apiwtxa, pueblo Asháninka del Río Amônia de Brasil, sostiene que los once territorios indígenas fronterizos con Perú han decidido tomar medidas para proteger las nacientes de los ríos en el lado peruano, debido a que esa agua es vital para su consumo.