A tres meses del levantamiento de la toma estudiantil en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios PUCP ha notificado a nueve estudiantes la apertura de procesos disciplinarios en su contra por su participación en las movilizaciones contra la aprobación del nuevo sistema de escalas.
De acuerdo a la documentación recibida por los estudiantes notificados, los procedimientos disciplinarios fueron solicitados por la Oficina de Seguridad Integral (OSI) de la PUCP, unidad adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) del Vicerrectorado de Administración (VRAD), el 15 de junio de este año, es decir, a menos de un mes de suscrito el acuerdo entre estudiantes y autoridades.

Para la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC), el inicio de estos procedimientos disciplinarios resulta incompatible con el compromiso político alcanzado entre autoridades y estudiantes tras la toma de Dintilhac, cuyo levantamiento estuvo condicionado a la implementación de un enfoque no punitivo frente a los hechos suscitados en las acciones estudiantiles.
Estos nueve procesos disciplinarios se suman a los procedimientos iniciados a raíz de la movilización realizada el 30 de marzo en la Facultad de Derecho, durante un debate electoral desarrollado en el campus, en rechazo a la presencia del entonces candidato al Congreso de la República por Renovación Popular, Frank Krklec.

Según las notificaciones recibidas, -señalan- la universidad sustenta la apertura de estos procedimientos en disposiciones del Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la PUCP (RU) en base a figuras como el «desorden público» y la «limitación de la libertad de enseñanza», para caracterizar como infracciones conductas desarrolladas en el marco de una movilización estudiantil.
Desde las instancias estudiantiles, se denuncia la aplicación histórica del Reglamento Unificado a través de figuras disciplinarias controversiales que no permiten una evaluación suficiente de su relación con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, organización y protesta.
Con los nuevos procesos iniciados, la cifra asciende a dieciocho estudiantes quienes enfrentan procedimientos disciplinarios vinculados al ejercicio de la manifestación y protesta.
Según la FEPUC, no son hechos aislados. Los casos derivados de movilizaciones pasadas y los nuevos procedimientos por las protestas contra el régimen de escalas evidencian una misma lógica.
«Los estudiantes que se organizan, se movilizan y cuestionan decisiones políticas dentro de la universidad terminan siendo perseguidos por su misma casa de estudios»
Para la FEPUC y el estudiantado de la Católica en su generalidad, se sostiene que el diálogo no puede ser utilizado como una pausa mientras se preparan sanciones. El estudiantado, desde el inicio del conflicto, ha demostrado que está dispuesto a dialogar. Ahora corresponde a las autoridades demostrar su disposición a cumplir lo acordado, desplazando toda salida que pase por la persecución disciplinaria.
«Desde la FEPUC hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria, a egresadas y egresados, medios de comunicación, diputadas, diputados, senadoras, senadores y federaciones estudiantiles hermanas a sumarse a nuestra campaña política y mediática contra la persecución estudiantil. No vamos a normalizar que protestar, organizarse y representar políticamente al estudiantado pueda convertirse en motivo de vigilancia, perfilamiento o sanción», sotienen en un comunicado.
