Mientras muchos siguen celebrando que el papa es medio peruano, leyes que significan un retroceso en derechos y atenciones de la ciudadanía se aceleran.
El último 15 de abril se aprobó en la Comisión de Justicia, un dictamen que traslada la administración de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) al Ministerio de Justicia, incluyendo presupuestos, archivos, personal y bienes inmuebles.
Este dictamen es resultado de un conglomerado de propuestas de proyectos de ley presentados por las agrupaciones Perú Libre y el llamado Bloque Magisterial de Concertación Nacional.
Ya en la sesión de 2 de abril, como consta en actas de la Comisión, se había aprobado de forma mayoritaria con los votos de los siguientes legisladores. Ojo a los nombres:
Isaac Mita Alanoca, Francis Paredes Castro, José Arrióla Tueros, Juan Burgos Oliveros, Waldemar Cerrón Rojas. Así como Víctor Cutipa Ccama, Pasión Dávila Atanacio, Jorge Morante Figari, Alejandro Múñante, Susel Paredes y Germán Tacuri Valdivia.
Los infaltables antiderechos: Américo Gonza Castillo, Milagros Jáuregui de Aguayo.
Con los votos en contra de los congresistas: David Jiménez Heredia, Tania Ramírez y Héctor Ventura Ángel. Y el voto en abstención de los congresistas: Margot Palacios Huamán, Alex Paredes Gonzáles y Héctor Valer Pinto.
La especialista en género y derechos Humanos Jeannette Llaja escribió en su cuenta de Linkedlin: «Al respecto, llama la atención que ni los proyectos de ley ni el dictamen aprobado presenten una justificación técnica, normativa ni presupuestal que sustente la absorción. De hecho, la motivación central para crear la la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUDEPUB), radica en las dificultades administrativas y presupuestales que enfrenta actualmente el servicio de defensa pública del MINJUSDH, impactando en su gestión interna y la subsecuente demanda insatisfecha. En términos simples, el Congreso pretende resolver una problemática institucional desmantelando otra, con el apoyo explícito del MINJUSDH y el silencio preocupante del MIMP, que ni siquiera fue consultado».
Los CEM son quizá los servicios más conocidos que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero a la vez son indispensables -aunque insuficientes- para aplacar en alguna medida la violencia hacia las mujeres. Solo en el 2024, atendieron 233 casos de tentativa de feminicidio y más de 32 000 casos de violencia sexual.
Hace algunos día se oficializó el cambio de nombre del programa Aurora a Warmi Ñan, y desde el mensaje a la Nación de Dina Boluarte, en el 2024, se habla de la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), lo que ha sido rechazado por organizaciones de mujeres y derechos humanos al considerarse como el desmantelamiento del ministerio que trabaja para erradicar la violencia de género.
A eso se suma que desde las trincheras de partidos políticos negacionistas de la violencia de género como Renovación Popular y Perú Libre se haya impulsado proyectos de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer a ministerio de la Familia.