El derecho a la participación política de las personas LGTBIQ+ es algo de lo que casi no se habla en los partidos o movimiento políticos de cara a las elecciones del 2026.
Pero viene siendo una exigencia que no sea tomada solo para el ‘marketing’ de los partidos políticos que quieren parecer inclusivos y respetuosos de los derechos humanos. En el II Encuentro Nacional de Liderazgos LGBTIQ+, una de las demandas que se ha recogido como conclusión de dos días de reuniones y foros es que haya cuotas de participación política, en medio de la lucha para exigir la construcción de una sociedad más justa, equitativa, igualitaria e inclusiva.
En la actualidad, en el Congreso de la República, una persona cuya orientación sexual es pública es Susel Paredes, quien además está luchando en el Tribunal Constitucional para que su matrimonio sea reconocido.
En la última campaña electoral hubo cuatro candidaturas LGTBIQ+ que fueron Susel Paredes (Partido Morado), Alejandro Cavero (Avanza País), Gahela Cari (Juntos por el Perú) y Gabriela Salvador (Frente Amplio). Antes de ellxs, Alberto De Belaunde había sido congresista por el Partido Morado.
Cuatro candidaturas, ojo, de 23 partidos que participaron en las elecciones de 2021. Una cuota bajísima más aún sí considerams que los números que obtienen para sus aspiraciones pueden darles pocas posibilidades de tener una curul.
A las exigencias por cuotas de participación política para garantizar la presencia de personas LGBTIQ+ en cargos públicos y espacios de decisión, se suma el pedido de protocolos inclusivos para el ejercicio del voto de personas trans y no binarias, eliminando obstáculos administrativos y garantizando el respeto a su identidad, así como un compromiso claro de los partidos políticos y las autoridades electas en la promoción de derechos LGBTIQ+ y la tan esperada ley de identidad de género.
A la par de los derechos a la participación política, el encuentro también ha marcado posturas contundentes contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Por eso se exigen:
- Medidas efectivas contra el sicariato y los asesinatos de personas trans, que han convertido a nuestras compañeras en blanco de crímenes impunes.
- El reconocimiento de las violencias específicas contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans, incluyendo la erradicación de prácticas como las “violaciones correctivas”.
- El acceso real a mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos, para activistas LGBTIQ+ en situación de riesgo.
Salud digna y libre de discriminación
El Estado ha incumplido con garantizar el derecho a la salud de nuestra comunidad. Exigimos:
- El abastecimiento inmediato y permanente de insumos para la prevención y tratamiento del VIH y las ITS personas con VIH LGBTIQ+, poniendo fin a la crisis de desabastecimiento que afecta nuestras vidas.
- El fin de la patologización de nuestras identidades, eliminando normativas médicas desactualizadas que perpetúan la discriminación en el sistema de salud.
- La implementación de políticas inclusivas para el acceso a la salud integral y mental de todas las personas LGBTIQ+, incluyendo la salud sexual y reproductiva.
Reconocimiento de nuestras familias y derechos civiles
El Estado peruano debe reconocer la diversidad familiar y nuestras relaciones afectivas. Exigimos:
- El reconocimiento legal de las familias diversas, incluyendo la adopción y el reconocimiento de hijos e hijas de familias homoparentales.
- La aprobación del matrimonio igualitario, garantizando plena igualdad de derechos para todas las parejas sin discriminación.
- El reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero.
- La ley de identidad de género
El II Encuentro de Liderazgos LGTBIQ+ se realizó los días 15 y 16 de febrero y reunió a activistas y organizaciones de diversas regiones del Perú en la ciudad de Lima.