Por Mónica Delgado
Desde hace ya varios meses atrás que el gobierno de Dina Boluarte viene aplicando medidas censoras de manera abierta e institucionalizada. Han convertido varias instancias ediles, policiales, fiscales, ministeriales en plataformas de control de las expresiones culturales, a tal punto que ejercer libertad creativa y artística en el Perú es un derecho no garantizado. Recordemos que hay personas con procesos judiciales en curso por hacer performances como el caso de la artista Lola Estrada, o el caso de los estudiantes y docentes de la Universidad Diego Quispe Tito por sus alegorías. La censura ya es moneda corriente, a tal punto que aparece bajo cláusulas en bases de concursos del Ministerio de Cultura o en proyectos de leyen el desprestigiado Congreso de la República. Y está normalizada, incluso avalada por las mismas comunidades culturales, debido al silencio, comodidad e inacción.
El caso reciente de la censura a la obra de teatro de estudiantes de la Universidad Católica, María Maricón, es uno de los ejemplos más lamentables de cómo diversas instancias de políticas públicas culturales y entidades educativas se alinean ante demandas de los sectores más conservadores y fundamentalistas de la política y sociedad peruana. Por un lado, como suele pasar, se trata de consignas de redes sociales que se vuelven exigencias que buscan impedir el estreno de obras, a tal punto de recibir como apoyo todo un andamiaje institucional del Estado,que incluso va por encima de derechos garantizados en la Constitución. Primero, la censura, luego, y como última rueda del coche, y si es que a alguien se le antoja, las libertades de las personas.
Con el pedido contra María Maricón se censuró una obra que no se ha visto, que aún no se ha estrenado, debido a la interpretación de ofensa y blasfemia que se le ha dado a su afiche, tal cual como pasó el año pasado con el poster con Santa Rosa de Lima del Outfest, festival de cine LGTBQ+. Lo que pudo convertirse en un debate en redes, devino en una legitimación instantánea de prácticas censoras por parte del Estado peruano. El Ministerio de Cultura (Mincul) emitió este 14 de enero un penoso pronunciamiento que desvirtúa sus funciones como ente rector que debe promover la creación cultural en todos sus campos. Demostró que sigue extendiendo una política de represión y control, como ya viene pasando con las cláusulas que buscan resguardar las buenas costumbres y el orden jurídico, que aparecen en las bases de los concursos de estímulos para las artes y el libro. Pero este aval a las ideas fundamentalistas, como las del alcalde de Lima, no es una práctica aislada sino una acción más que forma parte de un paquete de medidas que buscan reprimir expresiones de reflexión y de análisis crítico. Los proyectos de cine de Tudela, Cavero y demás ultraderechistas también contienen una soterrada misión censora.
La censura del Estado al arte y a otras expresiones culturales atenta contra principios fundamentales de la libertad de expresión y contra la diversidad cultural, ambos esenciales para el desarrollo de una sociedad pluralista y democrática (algo que teme la mayoría en el poder). Imponer límites desde el Estado basados en sensibilidades religiosas no solo restringe el derecho de lxs artistas a expresarse, sino también el derecho de la ciudadanía a acceder a ideas diversas y desafiantes. Desde el punto de vista religioso, las censuras suelen fundarse en una supuesta «ofensa» a lo sagrado. Sin embargo, el arte, al interpelar creencias o instituciones religiosas, no necesariamente busca el insulto, sino que apunta a generar debate sobre su papel en las dinámicas sociales y de poder, más aún en un país machista, racista, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, e indiferente al dolor de los demás. Negar la posibilidad de cuestionar estas cadenas de poder perpetúa una visión única y acrítica del pasado y el presente.
Además, esta censura que viene aplicando el Mincul vulnera el principio de laicidad, fundamental para garantizar que ninguna fe específica se imponga como la norma en una sociedad diversa. Lo que ha hecho el Mincul, liderado por Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, es viciar aún más la naturaleza de su responsabilidad como ente rector de las políticas culturales. Laicidad saboteada en este plan de censura del gobierno de Boluarte y sus aliados ultras, y que nos exige no olvidar que desde el Ministerio de Cultura se viene aportando groseramente a institucionalizar la censura, con cláusulas, pronunciamientos, despidos y amenazas de sanciones.