“Hemos venido a denunciar al ministro de Justicia porque no nos hace caso ni hace caso a las autoridades del Poder Judicial”, señaló Dionicia Calderón, denunciante de la Asociación de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas de Morochucos, Cangallo, Ayacucho.
Mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas, ocurridas en el primer gobierno de Alberto Fujimori, presentaron ante la Fiscalía de turno en la sede del Ministerio Público, una denuncia penal contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, el viceministro Charles Napurí Guzmán, la secretaria técnica del Consejo de Reparaciones y otros funcionarios y servidores públicos que resulten responsables, porque el incumplimiento de una sentencia de amparo que ordena que se adopte una política de reparaciones integrales.
Los delitos por los que se denuncia al ministro y otros funcionarios son: presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; así como, delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y delito de abuso de autoridad cuando “el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien”.
“Queremos que se haga justicia a nuestra verdad. Nosotras hemos sufrido el atropello del gobierno de Alberto Fujimori. No ha sido fácil denunciar pero estamos seguras que con ciudadanas y ciudadanos, todas vamos a seguir luchando”, sostuvo Rosa Lapa también denunciante por la Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas Sumac Cusikuiwa de Huancavelica.
En la actualidad, han transcurrido 28 meses desde la emisión de la sentencia de primera instancia que se confirmó en la Segunda Sala Constitucional de Lima (16 de noviembre de 2022), y que dio origen a una nueva resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos implemente la política de reparaciones integrales a las víctimas de esterilización forzada agrupadas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada – REVIESFO, creado en el 2015.
A la fecha existen 7 171 personas registradas en el REVIESFO (6982 mujeres y 189 hombres), creado en 2015.
“El gobierno no solo ha demostrado estar incapacitado para llevar adelante políticas públicas que garanticen derechos humanos sino que además está cometiendo delitos. Desde el Ministerio de Justicia han dicho que las víctimas no merecen una política de reparaciones sino solamente un plan y eso contraviene la sentencia constitucional que además fue confirmada”, explicó Cynthia Silva, abogada feminista denunciante.
estas mujeres que llevan tres décadas en esta lucha.